Se adquirió por contratación directa a una persona física, paradójicamente con la ley de emergencia económica. Ese proveedor polirrubro ya obtuvo otras operaciones millonarias como único oferente. Parnás criticó la falta de transparencia de esos cuantiosos gastos del gobierno, además de apuntar a la falta de información sobre la distribución de esos bienes comprados.
El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Alejandro Parnás, criticó en la sesión de la Cámara de Diputados de esta semana la poco clara adquisición de calzados por $330 millones que efectuó el Jefatura de Gabinete a una persona física. “Sin transparencia no es política social, es clientelismo”, sostuvo.
“¿Sabías de un programa provincial de distribución gratuita de calzados? Nosotros no lo sabíamos. De hecho, nos enteramos recién por un decreto publicado en el Boletín Oficial, que compra $330 millones de pesos en zapatos mediante contratación directa y sin siquiera mencionar cuántos pares se adquirieron”, indicó el legislador en sus redes sociales.
Se refería al decreto 570/24, del 27 de mayo, donde Gerardo Zamora aprobó la contratación directa llevada adelante por el jefe de Gabinete Elías Suárez, “destinada a la adquisición de calzados para niños en edad escolar provenientes de familias en estado de vulnerabilidad social”. Lo llamativo es que esa operación fue realizada por el jefe de ministros, cuando usualmente esa área es competencia de Desarrollo Social. Se adjudicó a la firma Sebastián Ernesto Álvarez, por recomendación de una comisión evaluadora. Es sugestivo que en el decreto figure como persona física, sin ninguna especificación societaria.
Pero no es la única operación que Álvarez logró como único oferente. El 20 de diciembre de 2023 –antes del decreto de emergencia económica- obtuvo un contrato del ministerio de Desarrollo Social para proveer de 30 mil pares de zapatillas para niños y adolescentes por $195 millones. La transacción se autorizó con el decreto 2856/23, donde se menciona que concursaron dos oferentes, pero sólo aparece Álvarez. Los organismos de contralor dieron su bendición a la operación. Ya con el decreto de supuesto ahorro de gastos, directamente se hizo por contratación directa.
En su intervención en la última sesión de la Legislatura, Parnás expuso: “Lo que pasa es que se hacen estas compras sin competencia, acudiendo al decreto de emergencia económica”. Precisamente, esa herramienta impuesta por el gobernador Gerardo Zamora para presuntamente reducir gastos resultó una vía para facilitar adquisiciones multimillonarias, saltándose los requisitos de la Ley de Contrataciones y otras normas.
Álvarez figura como empleador y tiene un abanico de rubros como proveedor ideal del Estado. No sólo de calzados, sino también servicios de asesoramiento empresarial, alquiler de maquinaria y equipo, venta al por mayor y menor de materiales para la construcción, obras de infraestructura vial, máquinas y equipos de seguridad, fabricación de productos de metal, instalación y mantenimiento de líneas eléctricas.
El diputado Parnás remarcó que con estas operaciones “no se sabe si una persona necesita calzado adónde debe recurrir, dónde se tiene que inscribir, cuáles son los criterios, cuáles los requisitos”. Ni siquiera la omnipresente subsecretaría de Prensa y Difusión da a conocer sobre la distribución de calzados. Eso sí, en tiempos electorales suele denunciarse el reparto de calzados y bolsones en distintos puntos de la provincia, para comprarse la voluntad de electorado.
El legislador también dejó en claro que “es importante que el Estado esté presente para cubrir estas necesidades básicas y esenciales, pero también que estas compras y la distribución de estos elementos se realicen de manera transparente, para que las personas que lo necesitan efectivamente puedan acceder a ellos”. De lo contrario, consideró que se trataría de mero clientelismo.