La caótica movilización del miércoles en apoyo a los jubilados, que involucró a hinchas de una veintena de clubes de futbol, estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y acabó con un herido de gravedad que aún lucha por su vida en el Hospital Garraham, tuvo múltiples derivas en la Justicia.
Extinguido los desmanes frente al Congreso, el ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich realizó una presentación contra los “grupos organizados de barras bravas” que participaron de la movilización por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita. En el escrito también se apuntaba contra dos intendentes del PJ, Fernando Espinoza y Federico Otermin, contra y Leandro Capriotti, un dirigente peronista de San Martín ligado a la vida política del club Chacarita.
En respuesta, el fiscal Franco Picardi, que trabaja junto al juzgado federal número 11, donde quedó radicada la denuncia, pidió al ministerio que aporte los elementos de pruba que dijo tener en la denuncia para “evaluar la plataforma fáctica” sobre la que se erigen las acusaciones. Por el momento, la fiscalía no había recibido el material solicitado, según pudo averiguar LA NACION.
Por el accionar de las fuerzas de seguridad, una lluvia de presentaciones cayó sobre Bullrich y su cartera. Beatriz Blanco, la jubilada que acabó en el Hospital Argerich con un traumatismo encéfalo craneano luego de caer de espaldas al piso tras un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un policía, denunció a la ministra, al responsable del operativo, y a los dos policías involucrados en la acción por lesiones leves, agravadas por abuso de autoridad.
Fue apenas uno de los hechos de violencia referidos en la denuncia que hizo también contra la ministra Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, por los delitos de abuso de autoridad, violación de en los deberes de funcionario y lesiones graves agravadas por alevosía.
“Si el que las hace las paga –arremetió Dalbón– Patricia Bullrich será indagada procesada y condenada por la salvaje represión y la violación a los DDHH de los ancianos y periodistas”. En el escrito, el abogado también hace referencia a las supuestas detenciones de dos chicos de 12 y 14 años.
La denuncia de la jubilada Blanco quedó radicada en el juzgado de María Servini y la de Dalbón, en el juzgado federal 9, que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti.
También presentaron denuncias el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y, en conjunto, Dora Barrancos, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto García Cipriano, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo que promueve políticas públicas sobre derechos humanos.
A su vez, Alberto Gentili, el fiscal de la Procuvin, una procuraduría contra la violencia institucional, actuó de oficio la misma noche de los incidentes y abrió dos causas, una por la agresión contra la jubilada Blanco y otra por la que sufrió, Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada de forma horizontal y continúa delicado en el hospital Garraham.
Ambas tramitan en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 30, a cargo del juez Jorge López. A esos dos trámites judiciales, pidieron sumar información y que se ordenen determinadas medidas de prueba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra), a la que pertenece el fotógrafo Grillo. Además, las organizaciones hicieron una denuncia conjunta en la misma Procuvin.
En el plano internacional
Por cuenta propia, el CELS realizó dos presentaciones en el ámbito internacional: una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que encontró eco en una comisión del organismo, la relatoría por la libertad de expresión, que publicó un tuit manifestando su preocupación– y otra ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que respondió instando a las autoridades del país a “investigar con diligencia” los sucesos del miércoles frente al Congreso.
#Argentina La RELE registra con preocupación las agresiones a manifestantes el #12MAR, durante protesta de jubilados, así como el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, quien sigue hospitalizado. Urge al Estado a garantizar el derecho a la protesta y el ejercicio de la prensa. pic.twitter.com/8m0T0Dyf4Y
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) March 14, 2025
#Argentina🇦🇷@ONU_derechos instó a las autoridades a investigar con diligencia lo ocurrido en una protesta el 12 de marzo en Buenos Aires.
🔸Representante Jan Jarab expresó especial preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo.
ℹ️https://t.co/2kHHQBgq2Y pic.twitter.com/QkUsaqiIgx
— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) March 14, 2025
Las réplicas judiciales seguirán. Tal como consignó este medio, el ministerio de Seguridad accionará contra Karina Andrade, la jueza que, por no pesar sobre ellos ninguna acusación de delito, liberó a los 114 detenidos tras los incidentes. La denuncia contra la jueza se formalizará el lunes y será por los delitos de incumplimientos en los deberes de funcionario público y prevaricato.
A su vez, Capriotti, el dirigente del PJ apuntado por Bullrich como presunto artífice de la convocatoria a los clubes de futbol también denunciará a la ministra “el martes o miércoles”, según le dijo a este medio hoy.
La ministra enfrenta al menos cuatro demandas; el ministerio de Seguridad hizo una contra los presuntos barras y hará otra contra la jueza que liberó a los detenidos tras los incidentes; el escrito presentado ante la ONU Política LA NACION